El futuro en el combate contra la corrupción y el soborno

Alfredo Hernández

Alfredo Hernández

Socio de Forensic Services, PwC México
Alfredo Hernández

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En años recientes, la corrupción y el soborno han extendido sus alcances, que van desde el pago a cambio de acelerar un trámite hasta la obtención de contratos millonarios, permeando en los ámbitos público y privado. La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción sienta las bases para atacar este flagelo; sin embargo, hoy se presentan aristas complejas e interrelacionadas que lo pondrán a prueba.

De acuerdo con la Encuesta sobre Delitos Económicos 2018 – Edición México de PwC, el primer lugar de incidencias lo ocupa la malversación de activos, con 47% y, en segundo lugar, se consolidan el soborno y la corrupción, con 30%, lo que representa un aumento de 9 puntos porcentuales desde nuestra última encuesta en 2016.

La pregunta es, ¿por qué a pesar de legislaciones anticorrupción más robustas, el problema continúa acrecentándose?

Fallas y tendencias positivas

A menudo, las áreas organizacionales que investigan estos casos, las áreas que lo remedian, así como las áreas que administran el riesgo e informan al Consejo o reguladores, entre otras, se hallan desconectadas, creando vacíos operativos y dejando de lado sinergias importantes, lo cual afecta los esfuerzos de prevención, el desempeño operativo, y frecuentemente los resultados financieros.

Hoy en día vivimos en un entorno en donde las organizaciones no solo enfrentan mayores casos de corrupción, soborno y otros delitos económicos, sino también regulaciones más estrictas, y una sociedad menos tolerante y que demanda una mayor rendición de cuentas. Es por esto que hoy, la transparencia, la ética, y la adhesión al estado de Derecho son fundamentales para la sustentabilidad de los negocios.

Lo anterior representa desde luego cambios positivos, aún y cuando no serán inmediatos. La rendición de cuentas y la mayor vigilancia de la opinión pública se han convertido en tendencias irreversibles que pondrán a prueba la reputación de las organizaciones como uno de sus más valiosos activos.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, las consecuencias de la corrupción en México alcanzaron un costo total de 7,218 millones de pesos (2,273 pesos por cada mexicano, cifra 12.5% superior a la que se registró hace dos años). Asimismo, el soborno es el tipo de delito más predominante en los negocios internacionales.

Para las organizaciones, la parte central de la solución gira en torno a la necesidad de establecer programas de cumplimiento efectivos diseñados con base en riesgos, los cuales, aunque no aseguran la erradicación del soborno y corrupción, representan un paso esencial para establecer las bases que promuevan no solo el cumplimiento de leyes locales e internacionales, sino también el fortalecimiento de una marco ético y trasparente sustentado en valores corporativos sólidos.

La estrategia hacia una nueva visión

Las organizaciones no pueden aplazar la concepción de una estrategia a su medida que las impulse hacia una nueva visión más integral de como disuadir, prevenir, detectar y combatir las diferentes actividades ilícitas. Una que sea capaz de reconocer la amenaza para no sólo afrontarla como tema meramente regulatorio, sino como parte fundamental de su estrategia de negocios, reconociendo que las consecuencias económicas y reputacionales pueden ser abrumadoras.

Pero no solo el sector privado tiene un rol preponderante en el tema, también es necesario reflexionar como sociedad cuál es el peso que la desigualdad e injusticia tienen en los índices de fraude, corrupción y otros delitos económicos.

En los planos nacional e internacional, es vital que cada país genere confianza en la forma de hacer negocios, en donde se transparenten y fortalezcan las buenas prácticas para llevar a cabo transacciones comerciales, licitaciones y adjudicación de contratos, entre otros temas, para proteger y dar certidumbre a los diversos actores de la economía.

En este sentido, es importante destacar que las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) buscan alinear y hacer que tanto México, como Canadá y Estados Unidos observen un mismo nivel de estándares anticorrupción, lo cual contribuirá a lograr un ambiente competitivo que ofrezca las mismas oportunidades a todos sus participantes en los tres países.

La inversión en el activo humano es clave para lograr el gran objetivo. Fomentar valores como la honestidad, el profesionalismo y la transparencia son puntos centrales que ayudarán a desincentivar acciones ilegales, derivadas principalmente de la racionalización en la comisión de un delito.

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