Certeza y efectividad en las acciones antilavado, una prioridad

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Desde su promulgación en 2013, la ley antilavado de dinero en México ha sido reforzada a través de la aplicación de mayores controles y candados que vigilen el movimiento de activos que puedan derivarse de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las implicaciones de este tipo de delito económico, con un alcance no sólo nacional sino internacional, son profundas y de consecuencias graves, ya que se asocia a diversos crímenes de alto impacto en los que se pretende dar una apariencia legal al dinero, derechos o bienes ilícitos.

No obstante, los avances regulatorios en nuestro país para aumentar la madurez del sistema financiero mexicano al monitorear el volumen y los esquemas utilizados en las transacciones sospechosas y la detección de actividades de lavado de dinero ha resultado ser una tarea difícil. En México, y a nivel global, el lavado de dinero se ha acrecentado en los últimos años, y los costos que las empresas y la sociedad están absorbiendo representan la pérdida de empleos y, en general, un freno al crecimiento económico.

Evaluación, detección y defensa

El reporte de la Encuesta de Delitos Económicos 2018, de PwC, ha identificado en las compañías un bajo índice de evaluaciones de riesgos enfocadas en el lavado de dinero (solo 9%), mientras que en lo referente a anticorrupción y antisoborno, solo 31% las han realizado. Aunado a esto y como parte de las tácticas preventivas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha recomendado una mayor capacitación, actualización y certificación de abogados y contadores en esta materia, como requisito imprescindible para fortalecer la defensa profesional y ética contra el lavado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para combatir de manera efectiva el lavado de dinero es necesario detectar oportunamente los riesgos relacionados con esta actividad y establecer controles más estrictos que disminuyan la tolerancia a una mala conducta corporativa. En ese sentido, la responsabilidad de estos actos ya no solo recae en los individuos que los perpetran, sino en los grandes organismos, corporaciones o entidades públicas y financieras, y sus líderes.

 

El marco regulatorio e inteligencia financiera

Si bien, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) marca obligaciones y sanciones por su incumplimiento, su interpretación puede ser compleja, por lo que los encargados de hacerlo requieren poseer una comprensión integral de su impacto.

Un claro panorama de las operaciones más vulnerables, sin duda contribuirá a investigaciones con mejores resultados y a la desarticulación de la impunidad, a través de un aumento en las condenas e incautación de activos.

Aunque contamos con mecanismos adecuados y de madurez aceptable, el problema de lavado en México se ha recrudecido, dado que su combate se ha mantenido dentro de los límites reactivos y no proactivos. Esto deja profundos vacíos en la inteligencia financiera, los que son aprovechados por personas y grupos para permanecer invisibles y hacer aún más difícil su prevención.

Otra arista es que, a pesar de que ha habido progresos en la transparencia, la sobrerregulación en el sector financiero podría estar frenando el avance en la implementación de medidas efectivas, llevando a los clientes a sólo cumplir requerimientos, sin trasladarlo hacia una operación con soluciones eficaces.

 

Controles y estrategias de prevención

Uno de los avances para combatir el lavado de dinero proviene de los mayores controles que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido para reforzar la regulación, entre las que destacan la obligatoriedad de conocer a los socios de negocios y la creación del Catálogo de Actividades Vulnerables, que hace posible el monitoreo automático dentro de las fronteras establecidas por la ley.

Cabe destacar que la prevención es lo más importante en el combate al lavado de dinero, de manera que las estrategias y tácticas deben dirigirse a levantar una barrera lo menos endeble posible. Esta debe gravitar alrededor de un marco regulatorio sólido para detectar cualquier actividad inusual.

Sin lugar a dudas, la investigación financiera debe dar lugar al sustento efectivo de los casos hallados, con el fin de que estos puedan ser judicializados y sancionados sin impunidad. Esto dará mayor certeza y credibilidad al sistema antilavado en México.

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